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Boletín de prensa 19 de mayo de 2011
EL TIEMPO
SE ENREDÓ DEBATE FINAL DE LA LEY DE VÍCTIMAS
Plenaria del Senado se tuvo que suspender por ausencia de parlamentarios.
El esperado último debate de la ley de víctimas, iniciativa prioritaria para el Gobierno, se frustró este miércoles, luego de que la plenaria del Senado se suspendió por la ausencia de más de la mitad de sus 102 integrantes.
A la 1:35 de la tarde, poco después de levantada la sesión, el presidente del Senado, Armando Benedetti, criticó que ni los ministros de Hacienda, Interior y Agricultura se hicieron presentes, como tampoco más de 60 legisladores. A esa hora, el quórum era de 41 senadores. "Este proyecto fue radicado por el mismo (presidente) Juan Manuel Santos, y sus empleados no vienen a defenderlo", señaló.
A Benedetti se unieron los senadores Juan Fernando Cristo (liberal), Roy Barreras ('la U') y Luis Carlos Avellaneda (Polo).
"Espero que esto no obedezca sino a problemas de asistencia de los parlamentarios, o del cruce de horarios", afirmó Cristo.
Barreras, por su parte, aseguró que "los ministros faltaron a su deber". Y Avellaneda denunció que lo ocurrido obedeció a "la mano invisible y efectiva del ex presidente Uribe para intentar frenar el trámite de la ley de víctimas".
Una hora después, el ministro del Interior, Germán Vargas, salió a defenderse. "No tengo el don de la ubicuidad. Yo ya iba para la plenaria del Senado, pero también tenía que estar en la plenaria de la Cámara", dijo. Recalcó que, en todo caso, "es responsabilidad del Congreso avanzar en la discusión de sus temas".
La plenaria fue convocada para el martes, cuando se espera que Barreras presente el texto de una proposición, que fue consultado con el presidente Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, con el objetivo de desactivar las diferencias por el reconocimiento del conflicto armado interno.
Frenan ley de seguridad ciudadana
El estatuto de seguridad ciudadana tendrá que esperar hasta la próxima semana para recibir su último debate en el Congreso. Los congresistas que consideran que tienen algún conflicto de intereses de nuevo frenaron el avance en la Cámara. De 105, 33 se declararon impedidos. El quórum decisorio requiere el voto de 84 representantes.
CORTE ORDENA A COLDEPORTES GARANTIZAR DERECHOS LABORALES A FUTBOLISTAS
En un fallo de tutela pide que se revisen los estatutos de la Dimayor y de Colfútbol.
Al revisar el caso de un futbolista menor de edad, el alto tribunal encontró que los reglamentos que tienen estas dos entidades no favorecerían las condiciones laborales de los jugadores en Colombia.
Particularmente, la Corte encontró que en el código de los jugadores, contemplado en los estatutos de la Dimayor, se favorecen más a los clubes deportivos que a los futbolistas.
Por eso, el tribunal le exige a la Dimayor que antes de tres meses inicie la revisión de estos reglamentos y estatutos y ordena que, de ahora en adelante, estos deben tener el control de Coldeportes.
Además, la Dimayor y Colfútbol deben remitir, en un plazo de 48 horas, toda su reglamentación y estatutos a Coldeportes para iniciar este proceso.
Esta determinación se adoptó en el fallo de tutela que favoreció al jugador Cristian de Jesús Mejía Martínez, quien reclamó sus derechos deportivos al Deportes Tolima, equipo que le negó esa solicitud.
Al estudiar su caso, la Corte Constitucional encontró que las normas de estas entidades rectoras del fútbol colombiano vulneran los derechos laborales de estos deportistas.
En el caso del jugador Mejía Martínez, el alto tribunal encontró que no se cumplieron todos los requisitos para contratar los menores de edad: tener permiso del Ministerio de Protección Social y de los padres del juvenil.
El Deportes Tolima no le entregó los derechos deportivos al jugador y frenó su actuación, por lo que el deportista tuvo que presentar una acción de tutela.
En este proceso, también se encontró que el Ministerio de Protección Social no verificó las condiciones del contrato que firmó el futbolista. Por eso, se enviaron copias a la Procuraduría para que se investigue disciplinariamente a los funcionarios de esa cartera.
"La forma en que está dispuesto el sistema de registro de los derechos deportivos no permite efectuar un control e inspección que contribuya a la defensa de los derechos fundamentales de los deportistas", dijo la Corte en su fallo.
UNA SENTENCIA (II)
Fernando Londoño Hoyos
El general Arias perdió la libertad. Los demás colombianos perdimos la Patria.
Hace dos semanas dejamos hecha la promesa de sorprender a nuestros lectores con nuevas escalofriantes revelaciones sobre la sentencia con que la juez María Cristina Trejos Salazar condenó al general Jesús Armando Arias Cabrales a cadena perpetua. A cumplir mandan.
Recordemos que la sentencia contiene tales bellezas como la inexistencia jurídica de otra que fue dictada por juristas sobresalientes que para prepararla contaron con el apoyo de decenas de jueces auxiliares; que en el Palacio de Justicia obraron las Fuerzas Militares en medio de un golpe de Estado transitorio que le propinaron al presidente Betancur; que era obligación del Ejército agotar la vía del diálogo antes de emprender una acción armada sobre el Palacio; que el plan del M-19 se conocía y que se lo dejó correr, por el afán "desmedido" que tenía el Ejército para cobrar viejas afrentas; que en la acción no se tomó la menor consideración por las vidas de los rehenes; que el uso de la fuerza fue desproporcionado, y que están probados abusos y violencias contra los que salieron con vida. Nada menos.
Pasadas ciento cincuenta páginas dedicadas a todo lo que no tiene que ver con la causa misma, la sentencia aborda el tema de los desaparecidos. Abonando, por supuesto, el montaje de reconocimientos que se urdió más de veinte años después de los hechos. Los familiares de estos desdichados recobraron muy tardíamente la lucidez y la memoria que perdieron tan pronto ocurrió la tragedia. René Guarín, el miembro del M-19 que perdió a su hermana en la toma, es por supuesto de los más activos y reconocidos testigos. Y el que se probara guerrillero es cuestión que la juez maneja de la manera más pulcra, que es ignorándola. Todo lo demás, las identificaciones a medias, las suposiciones, la ausencia de cualquier otra prueba que permita aseverar que sobrevivieron los 11 de la historia, excepción hecha de la guerrillera Irma Franco, los recientes descubrimientos sobre el ocultamiento de cadáveres que mantiene la Fiscalía, todo pasa por las manos de la juez, que no se deja contaminar con pequeñeces.
Pero viene el gran tema, el de la responsabilidad del general Arias en las desapariciones que nadie probó. Y aquí es donde salta la muy moderna teoría del autor mediato, del hombre de atrás que responde por lo que pase dentro de una estructura criminal jerarquizada. Es una teoría de origen alemán que explica lúcidamente cómo pudo condenarse a Adolf Eichman por sus innumerables crímenes. Por donde descubrimos que para la juez, y sobre todo para quien le escribió la sentencia, nuestro Ejército es como el nazi; Arias Cabrales, como Eichman, y solo falta por precisar quién sea Hitler y quién Himmler, y algo, por supuesto, de la "solución final" que aquí se adoptara.
La sentencia no contiene una sola orden dudosa transmitida por el general Arias Cabrales. No le atribuye un solo exceso en el mando ni una sola intención torcida en sus procedimientos. No hace falta nada de ello. Basta con la famosa tesis de Claus Roxin, entendida como les da la gana a nuestros intérpretes mamertos, para que por cualquiera acción delictiva de las tropas responda el jefe, dueño de la voluntad de sus subalternos. Porque debemos insistir, nuestro Ejército es una empresa criminal donde "el hombre de atrás realiza el hecho a través de algún ejecutor perteneciente a la organización que dirige".
La sentencia acabó con nuestro Ejército. Acabó con la República. Santificó el terrorismo. Nos puso a los pies de los alzados en armas. A los audaces se les va la mano, y este puede ser el caso. Pero a veces triunfan por la cobardía de los demás. Y este también puede ser el caso.
EL ESPECTADOR
TOLIMA, A DEVOLVER DERECHOS DEPORTIVOS A JUVENIL
Corte ordena reglamentar vigilancia a los clubes de fútbol
Al resolver devolver los derechos deportivos al jugador Christian Mejía Martínez de parte del Tolima, encontró que la falta de control se debe a la ausencia de normas.
Que se cree una reglamentación para ejercer vigilancia sobre los clubes de futbol profesional y aficionado por parte de Coldeportes, ordenó la Corte Constitucional, tras ordenar al Deportes Tolima devolver los derechos deportivos del jugador Crhristian Mejía Martínez, en pugna jurídica por su pase desde hace tres años.
Según una sala de revisión del alto tribunal, la confusión originada entre la Colfútbol, la Dimayor, el Deportes Tolima y el mismo Coldeportes para resolver la situación del futbolista, que juega en el extranjero desde hace varios años, se había producido por la ausencia de una directiva que señale claramente cuáles son las competencias de esta autoridad del Ejecutivo frente al tema.
“(…) La Sala echa de menos la existencia de una directiva que establezca unos procedimientos más estrictos para efectuar la función de inspección, vigilancia y control respecto de los clubes deportivos, cuando se encuentran involucrados menores de edad. Por ende, la Corte exhortará a Coldeprotes para que reglamente la materia dentro del marco de la Constitución y la Ley, labor que deberá ser consensuada con la Procuraduría Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia”, dice la sentencia.
Para el alto tribunal, la normativa expedida por el organismo hasta ahora no van en consonancia de la defensa de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, y de ahí la vulnerabilidad en la que a su juicio podrían estar sumidos los jugadores amateurs.
El futbolista terminó el contrato con el Deportes Tolima el 7 de mayo de 2009 y fracasó en su empeño de hacerse a sus derechos deportivos, buscando vía libre para mudarse a Rumania, donde esperaba firmar contrato con el Timisoara. Martínez logró incorporarse al plantel europeo, gracias a una autorización provisional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Fifa, pero se vio obligado a acudir a la justicia, para recuperar su pase.
El Tolima indicaba que no había lugar a la devolución de los derechos del atleta, toda vez que era él quien había incumplido el convenio contractual, que inició cuando aún era menor de edad. El deportista, que hoy milita en el Danubio de Montevideo, Uruguay, alegaba que la autorización especial expedida por Coldeportes se produjo sin la previa autorización que debía expedir el Ministerio de la Protección Social, teniendo en cuenta su condición de menor.
El accionante acudió entonces al Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué, que negó las pretensiones invocadas en la solicitud de tutela, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la capital tolimense. El jugador alegaba que el contrato tenía un origen irregular, en tanto que la institución deportiva se basaba en el aval expedido por Coldeportes para vincular al futbolista a una plantilla profesional.
La Corte sostuvo que el Ministerio desconocía las relaciones contractuales surgidas entre el demandante y el club deportivo, aún cuando determinó que Coldeportes era el organismo encargado de ejercer el control en este sentido, aún cuando no existiera una directiva legal que señalara las condiciones en las cuales se debía dar esta labor.
Teniendo en cuenta el vacío normativo, la Sala dio cuenta de la necesidad de crear una directiva clara en esta materia y compulsó copias a la Procuraduría para que investigue la presunta responsabilidad disciplinaria del funcionario que puso en regla los derechos deportivos del accionante, con miras a su adquisición por parte del Deportes Tolima.
Así las cosas, el futbolista deberá recuperar su pase, en tanto que Coldeportes, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, deberá revisar detalladamente los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y la Colfútbol, a fin de concretar una directiva específica de los procedimientos.
LOS MENORES DE EDAD EN EL FÚTBOL PROFESIONAL
CRISTIAN MEJÍA GANÓ TUTELA AL TOLIMA
Los derechos deportivos de los jugadores no son exclusividad de los clubes si la contratación laboral no se hizo conforme a la ley.
Los clubes profesionales de fútbol pueden contratar los servicios de menores de edad en calidad de jugadores, pero están en la obligación de cumplir con las normas laborales y los instrumentos de derecho internacional en cuanto a su protección. Así lo decidió la Corte Constitucional que, a través de un fallo de tutela, puso fin a la controversia que desde hace dos años han tenido el Deportes Tolima y el jugador Cristian Mejía, y de paso dictó doctrina sobre el tema.
Los hechos que motivaron el pleito se originaron en el momento en que el jugador Cristian Mejía quiso jugar en otro equipo, pero no obtuvo del club la entrega de sus derechos deportivos. El deportista alegaba que en su caso se había dado la terminación unilateral del contrato, porque su vinculación al plantel se había dado desconociendo las normas del Código de la Infancia y de la Adolescencia. El caso derivó en tutela, en busca de que el jugador recobrara sus derechos.
Aunque en dos instancias el caso fue fallado en contra del jugador, la Corte Constitucional le dio la razón. Y lo hizo, en primer término, porque constató que cuando Cristian Mejía firmó contrato con el Tolima, en mayo de 2008, aún no existía la autorización de trabajo por parte del Ministerio de la Protección Social. Además, la autorización administrativa que se anexó al contrato no fue expedida a solicitud de los padres del menor y tampoco se cumplieron otros requisitos legales.
Otra consideración de la Corte Constitucional tuvo que ver con los horarios de trabajo. Por eso concluyó que si los equipos de fútbol quieren contratar a menores de edad, primero deben cumplir con la ley y, asimismo, acatar la disposición que indica que los menores de 15 años no podrán exceder el límite de 14 horas semanales de trabajo. En el caso del jugador se desbordó esta prohibición, por lo cual se incurrió en otro error que favoreció sus pretensiones jurídicas.
La Corte explicó en su fallo que la titularidad de los derechos deportivos no les corresponde exclusivamente a los clubes, sino que también tienen opción los jugadores en el evento de que no exista una relación laboral ceñida a la ley. Claro está que, como lo recalcó la Corte, esta decisión no quiere decir una autorización en blanco para que los jugadores terminen sus contratos de trabajo por mero capricho o porque recibieron una mejor oferta de otro club deportivo.
Es decir, los márgenes de autonomía de las asociaciones deportivas son amplios, pero “las regulaciones no pueden afectar la libertad de trabajo ni cosificar al futbolista cuando los clubes no cumplen con sus obligaciones”. Además, la posibilidad de transferencia de un club a otro de un jugador en calidad de préstamo, sólo es legítima siempre y cuando exista el consentimiento expreso del deportista y ello no contribuya a desmejorar sus condiciones laborales.
Finalmente, la Corte instó a Coldeportes, como máximo organismo del Sistema Nacional del Deporte, a ejercer sobre la Dimayor y Colfútbol, en los ámbitos estrictamente deportivos, las funciones de vigilancia y control en las materias tratadas en el recurso de tutela. En cuanto a la decisión, el Tolima quedó sujeto a otorgarle a Cristian Mejía el certificado de transferencia de sus derechos deportivos y a Coldeportes a registrarlo como jugador-propietario de los mismos.
La decisión de la Corte Constitucional busca sentar un precedente sobre el tema, porque en la práctica el jugador Cristian Mejía, nacido en Barranquilla en 1990, sólo jugó brevemente en el Tolima en 2008, después se fue para el Timisoara de Rumania y en 2010 llegó al Peñarol de Montevideo. En la actualidad juega con el Danubio, también de Uruguay. En el pasado inmediato el escurridizo jugador formó parte de las selecciones de Colombia Sub 17 y Sub 20.
AD PORTAS DE SER REALIDAD ELIMINACIÓN DE COMISIÓN DE TELEVISIÓN
Sólo resta el visto bueno de la plenaria de la Cámara para que entre en vigencia el acto legislativo que acaba ese organismo.
La Cámara de Representantes dejó a un debate el proyecto de acto legislativo que busca la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión.
Con 22 votos a favor y 1 en contra, el proyecto fue aprobado por la comisión primera de esa corporación.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, afirmó que con la eliminación y la desconstitucionalización de la CNTV, el país se ahorrará 80 mil millones de pesos anuales.
“Va a representar un ahorro muy grande para el erario público que hoy con este respaldo nos deja ad portas del último debate para tramitar esta reforma constitucional”, explicó.
Así mismo, Vargas Lleras indicó que el control de la información en Colombia deberá ser asumido por una comisión independiente.
Este proyecto establece que el Congreso debe expedir antes de 6 meses la Ley que reemplace a esta entidad.
VIOLACIONES DE LOS DDHH DE LOS INDÍGENAS PERSISTEN EN TODO EL MUNDO
Según la ONU, en el mundo hay 370 millones de indígenas.
Los representantes del Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU denunciaron la persistencia en todo el mundo de las violaciones de los derechos humanos de los indígenas y pidieron a los Estados miembros del organismo que defiendan sin demora los derechos de esos pueblos.
"A pesar de décadas de trabajo en la ONU, desafortunadamente persisten las violaciones de los derechos humanos, incluso en áreas en las que hemos alcanzado algo parecido al éxito", aseguró hoy ante la prensa Dalee Sambo Dorough, una de los representantes del Foro que arrancó el lunes en Naciones Unidas.
Dorough destacó en ese sentido que todavía ocurren violaciones "directas y a menudo brutales" contra los derechos básicos de los pueblos indígenas "en todas las regiones del mundo", incluso "en zonas en las que se han logrado éxitos en cuanto a las negociaciones con los Estados".
"Aplaudimos esos desarrollos, pero los problemas existentes siguen siendo grandes", indicó la experta, quien puso como ejemplo de esas zonas el caso de Canadá, donde los indígenas de la zona ártica llegaron a un acuerdo con las autoridades sobre el uso de la tierra que ahora se enfrenta a "trabas en su ejecución".
Dorough pidió así que los Estados miembros de Naciones Unidas defiendan "sin contemplaciones" los derechos de esos pueblos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que se aprobó en 2007 en el seno de la Asamblea General de la ONU.
"La realidad es que la Declaración no salió de la buena voluntad de los Estados, sino que, debido a toda nuestro historial de explotación, colonización y otra amplia lista de violaciones de derechos humanos, fuimos nosotros quienes pedimos tener voz y que se reconocieran nuestros derechos en la ONU", indicó.
Para la representante indígena, "lo primero y más importante" que deben hacer los Estados es "adoptar las políticas y la legislación adecuada para adecuarse a los estándares relacionados con los derechos humanos que se recogen en la Declaración".
Dorough señaló así la importancia de que los pueblos indígenas sean respetados "en un pilar tan importante de la ONU como lo son los derechos humanos, pero también en aspecos relacionados con la paz y la seguridad".
La presidenta del Foro Permanente para Asuntos Indígenas, la nicaragüense Mirna Cunningham, mostró el lunes su preocupación acerca de la situación de esos pueblos en Latinoamérica y el Caribe, donde siguen ocurriendo "continuas violaciones de derechos humanos", que están "especialmente vinculadas a la explotación de las grandes corporaciones en la extracción minera".
Este año el Foro, que se alarga hasta el próximo 27 de mayo y que cuenta con más de 1.300 delegados, entre representantes de la ONU, Gobiernos y distintas organizaciones, prestará especial atención precisamente a esa región del mundo, a la que dedicará una sesión especial.
Según la ONU, en el mundo hay 370 millones de indígenas, que forman una parte desproporcionada de la población pobre, analfabeta y desempleada del planeta.
EL REGRESO DE LOS ELEFANTES
Por: Elisabeth Ungar Bleier
A medida que se van conocien-do los detalles de diferentes escándalos de corrupción, como por ejemplo los carruseles de la salud o los de la contratación en Bogotá, hay algunos hechos que, a pesar de no ser nuevos y mucho menos sorpresivos, merecen una especial atención y deben ser objeto de investigación de las autoridades competentes, porque hacen parte de las condiciones que favorecen la corrupción.
Uno de ellos es el manejo laxo que se le ha dado a la figura del conflicto de intereses, tanto por parte de funcionarios públicos, como de los propios implicados, de sus asesores y consultores. Si bien en estos casos no siempre se configuran actuaciones abiertamente ilegales, en muchos otros sí los hay. Pero además, hay evidentes faltas éticas. No porque las fronteras entre lo legal y lo ético sean en ocasiones difíciles de trazar, se debe desconocer esta preocupante realidad. ¿O acaso cuando un consultor privado es contratado para elaborar un estudio sobre la viabilidad de un negocio o una empresa y luego pasa a ocupar un cargo público con poder de decisión en el respectivo sector, no se pueden estar abriendo las compuertas para favorecimientos indebidos? ¿Y no sucede algo similar cuando una persona ocupa un cargo directivo en un ente de vigilancia y un familiar cercano en una empresa privada del sector vigilado?
De otra parte, en la base de la gran mayoría de los hechos de corrupción denunciados recientemente subyace un aprovechamiento indebido de la información por parte de actores públicos y privados. Manipulación de bases de datos, desaparición de información relevante, negativa o dilaciones en su entrega a investigadores, medios de comunicación o expertos, son algunas de las estrategias que les han facilitado a los corruptos sus acciones. Son muy graves las denuncias que en este sentido viene formulando el presidente de la Federación Médica Colombiana, entre otras en entrevista concedida a El Espectador hace unos días,
Finalmente, uno de los hechos más protuberantes y preocupantes es la negligencia, la ineficiencia y la ineficacia que en los últimos años demostraron los órganos de control, judiciales y de vigilancia para investigar los actos de corrupción y sancionar a los culpables. Parafraseando al entonces cardenal Pedro Rubiano, es evidente que estos organismos estaban anestesiados. No sólo no vieron la manada de elefantes que ingresó a sus despachos, sino que posiblemente éstos los pisaron, y no sintieron nada. Es como si se hubieran vuelto invisibles.
No de otra manera se explica que apenas ahora, varios años después de que los Nule ingresaran intempestivamente al estrellato de los contratistas de obras públicas en el país, o que la Autopista Norte de Bogotá fuera invadida de manera masiva, desordenada y agresiva por innumerables clínicas, consultorios y laboratorios, o que las regalías fueran utilizadas para construir piscinas de olas, para mencionar sólo unos casos, éstos órganos de control y de vigilancia se hubieran dado cuenta de las irregularidades, o sólo lo hicieron cuando los medios de comunicación los denunciaron. Los responsables de estos entes también deben ser investigados, por acción o por omisión.
COMUNIDAD Y DESARROLLO
EXCESO ORGANISMOS DE CONTROL
Por: Uriel Ortiz Soto
Por norma constitucional los organismos de control en nuestro país son la Contraloría General de la República y la Procuraduría o Ministerio Público.
Los demás que existen a nivel departamental y municipal, más las oficinas de control interno que se inventan los ministerios y directores de entidades estatales, no son más que un estorbo para el sano ejercicio de la Administración Pública, con el agravante que la mayoría de las veces son verdaderos focos de corrupción con nidos de burócratas innecesarios.
Es hasta irónico y folclórico decirlo: Colombia, con el sinnúmero de organismos de control que posee fuera de los del nivel Nacional, debería ser un monumento a la honestidad y pulcritud administrativa. Lamentablemente esto no es así, por donde se mete la mano sale untada de chanchullos, desfalcos, saqueos y peculados.
Si queremos acabar con la corrupción, se debe diseñar un nuevo esquema de Control fiscal y de vigilancia Administrativa para la función pública del orden Nacional, fortaleciendo la Procuraduría y la Contraloría; considero que deben ser los únicos entes de control, llamados a ejercer tan delicada misión de acuerdo al mandato constitucional, extendiendo eso sí, su jurisdicción a los departamentos y municipios, que en su mayoría se encuentran actualmente encañonados por todo tipo de delitos contra la Administración Pública.
La razón es muy sencilla: con todos los entuertos que se han descubierto en los últimos meses, queda plenamente comprobado que las oficinas de Control, que no están bajo la tutela de la Procuraduría y Contraloría Nacionales, son un rotundo fracaso, no sirven absolutamente para nada, pueden cerrarse el mismo día y a la misma hora y no pasará absolutamente nada. Son toda una vergüenza para la Administración Pública, para los Contribuyentes y para el mundo entero.
Las instituciones del Estado, ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y en fin todas las entidades en general, tienen una oficina de Control Interno, que en la sana lógica no son más que nóminas paralelas para satisfacer intereses políticos de sus caciques. Lo más grave, es que estos funcionarios son los que más entorpecen el buen desarrollo de las Regiones, simplemente para hacerse sentir, pero para peor desgracia, es donde se presentan los más escandalosos casos de corrupción e inoperancia administrativa.
Cuando un funcionario corrupto, quiere tender una cortina de humo ante los desastres de la Entidad que está bajo su mando, se inventa la oficina de Control Interno, para hacer creer a sus superiores y a la opinión pública en general, que todo marcha sobre ruedas y que subalterno que se atreva a quebrantar las normas de la moral pública, va a ser pillado y sancionado drásticamente.
Si hacemos un análisis cuanto le cuesta a los contribuyentes, sostener esta burocracia repelente, altanera, e innecesaria, nos quedamos perplejos: en cada municipio existe un personero y en muchos, de acuerdo a su categoría un contralor, cada una de estas dependencias dispone de un grupo de funcionarios que no son más que mata sellos y aduladores de los jefes políticos de turno. Pero, lleguemos a las administraciones departamentales donde obligatoriamente las Asambleas – que son un verdadero monumento a la corrupción, holgazanería y despilfarro-, nombran un Contralor y a veces Procurador, con cientos de funcionarios bajo su mando, que tampoco sirven para un carajo, no son más que figuras decorativas colocadas allí para satisfacer intereses politiqueros.
Al final de cuentas, en Colombia, no sabemos que nos está asfixiando más, si la corrupción que se apoderó de toda la estructura administrativa de nuestro Estado de Derecho, o los Organismos de Control, que como un sofisma de distracción tienden sus tentáculos por todas las oficinas de la Administración Pública hasta llegar al: C.V.Y. (cómo voy yo).
En conclusión, considero que el actual Gobierno, con su acucioso Ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras, que se encuentra empeñado en acabar con la corrupción en nuestro País, estudie la forma de reestructurar el sistema de control y Vigilancia a nivel regional y municipal. Pero ojo, no dejar esta iniciativa en manos del Congreso, puesto que allí está la semilla para producir los altos niveles de corrupción en los municipios y departamentos. Cosa que no les conviene.
EL NUEVO SIGLO
SE ABRIRÍA CAMINO A OTRA LEY DE VICTIMARIOS
Una iniciativa, promovida por el senador Roy Barreras, además tocará el tema de los militares implicados en crímenes comunes y el delito político.
Bajo estudio se encuentra un nuevo proyecto de ley que busca promover nuevas desmovilizaciones de grupos que actúan al margen de la ley.
Su autor, el senador del Partido de La U Roy Barreras, le dijo EL NUEVO SIGLO que aún falta por aclarar quiénes serán los directos beneficiarios de la iniciativa.
“Prorrogamos la Ley 418 de orden público para solucionar el limbo jurídico de los desmovilizados, pero sin embargo, el marco legal de esa ley y la de Justicia y Paz no es suficiente para poder propiciar procesos de desmovilización futuras. Eso implica una reflexión en Colombia sobre varios asuntos de fondo, la ley de víctimas es una ley muy importante para sanar heridas, pero no evita las heridas de nuevos conflictos, de nuevas violencias. Por esa razón, nosotros creemos que se necesita, una vez aprobada la ley de víctimas, pensar una ley para los combatientes legales e ilegales, en el marco de la justicia transicional”, expuso el vocero de esa colectividad.
Según el legislador, “Colombia debe decidir, primero, si está dispuesta a ofrecer los mecanismos de justicia transicional a los violentos, y segundo, a qué clase de violentos, si solamente a las guerrillas o a los ex paramilitares, o a las bacrim, o a ninguno de ellos”.
De igual manera, Barreras señaló que en dicha iniciativa se tiene que resolver la “inequidad que resultó de la aplicación de la justicia por parte de las Cortes contra los militares del Palacio de Justicia; por ejemplo, los jueces no podían hacer cosa distinta que aplicar la ley, y sin embargo, el hecho de que estén indultados los terroristas que se tomaron el Palacio y condenados los militares que acudieron a esa confrontación armada, genera una inequidad, aún bajo el supuesto que hayan cometido delitos ambos”.
El senador también indicó que el proyecto tocará el tema del delito político, “si existe o definitivamente no existe en Colombia (…) Si a ninguno de los combatientes ilegales se les va ofrecer nada distinto que la aplicación severa de la pena más alta en la justicia penal ordinaria. Todas esas discusiones ameritan un debate de fondo que significa repensar el nuevo marco legal para la paz. En lo que estamos es en el inicio de la reflexión desde presidencia de la Comisión de Paz, que es mi responsabilidad, bajo la influencia del Estatuto de Roma, que implica revisar hasta donde los Estados nacionales pueden construir legislaciones para la paz o para la desmovilización, o para la reconciliación”.
“Además advierto – prosiguió - que los procesos de Justicia y Paz empiezan a vencerse en la medida que muchos de los encartados ya están cumpliendo la pena aún sin tener sentencia y tendrán que salir de las cárceles sin habérseles resuelto su situación jurídica, ni haber dicho toda la verdad. Entonces, hay que revisar esa norma, si se necesita otra ley de Justicia y Paz o hacerle ajustes a esta. Ese será el debate más trascendental para la justicia y reconciliación, a partir del 20 de julio de la próxima legislatura”, indicó.
Por último, Roy Barreras también se refirió al tema de las bandas criminales.
“Los paramilitares no son lo mismo que las bandas criminales, aunque Colombia no ha definido qué es una banda criminal, si son, como yo creo, delincuentes comunes, o si por el contrario son organizaciones que se pueden llamar grupos armados ilegales; si son una nueva versión de los paramilitares, si los antiguos paramilitares eran simples narcotraficantes o si las guerrillas hoy se trasmutaron en eso mismo”, dijo
OFF DE RECORD
Empujón a fallo
Hablando de pronunciamientos públicos, varios congresistas piensan proponerles a las cúpulas de sus respectivos partidos y movimientos que le pidan a la Corte Constitucional que agilice el fallo sobre la ley estatutaria que reglamentó la última reforma política. Según los tiempos que se manejan en el alto tribunal, la sentencia debería estar saliendo el próximo mes. Lo más paradójico de todo este asunto, es que esa reforma, que por regular derechos fundamentales no puede estar en vigencia hasta que pase el control de exequibilidad de la Corte, ya tiene un proyecto de ley modificatorio o aclaratorio siendo discutido en el Congreso, en medio de no pocas críticas e incluso catalogado por algunos sectores como “contrarreforma”.
¿Regaño a la vista?
Y hablando de la Corte, en algunos altos círculos judiciales se especula que el máximo tribunal de guarda de la Carta Política podría aprovechar la sentencia de revisión de una acción de tutela que trata sobre el espinoso tema de la adopción en parejas homosexuales, para hacerle al procurador general Alejandro Ordóñez un enfático llamado al orden por la afectación que en la imparcialidad que debe distinguir al Ministerio Público podrían tener las posiciones personales del alto funcionario en asuntos relacionados con el aborto, el concepto de familia y los derechos de la población gay. ¿Se ve en lontananza un duro choque de trenes?
¿Y la olla pensional?
Y hablando de la Procuraduría, todo el sistema pensional sigue a la expectativa de que se revelen los resultados de la investigación que hizo el Ministerio Público sobre el tema y que pondría al descubierto una serie de graves anomalías que podrían ser incluso más graves que las denunciadas en el sistema de salud hace dos semanas por el Gobierno. Se esperaba que esta semana fuera dado a conocer el respectivo informe, pero fuentes de la Procuraduría indicaron que si bien la investigación va adelantada, la complejidad del tema pensional es mucha y, por lo mismo, se demorará un tiempo más dar a conocer sus resultados a la opinión pública e iniciar las respectivas diligencias disciplinarias.
PENALIZANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
“Corte fue más lejos que lo que señalaba la Constitución”
Han pasado cinco años desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en algunas circunstancias excepcionales. Larga ha sido la polémica, y aún hoy subsiste dicho debate con argumentos similares a los que se expresaran anteriormente. Aún recordamos aquel Día de la Madre en el que, como una infeliz coincidencia, se desconoció el papel de madre de la mujer y se dio vida a la posibilidad de incidir negativamente en la vida de otro ser humano. Muchos creímos en las cifras que en aquel momento se presentaban como escandalosas. Curioso que la cifra de 400.000 abortos al año haya cambiado a 800 en cinco años. Allí hay una distancia simplemente curiosa.
Aquellos que defienden la medida argumentan que no ha podido ser aplicada, situación que parece bastante extraña porque todos sabemos que efectivamente la medida está en pié, es conocida y ha sido ampliamente divulgada, no obstante lo cual cabe reconocer que las normas suponen un contexto y efectivamente Colombia tiene unas convicciones respetables, en donde cuesta mucho importar culturas de muerte.
Quienes argumentan en contrario se preguntan si las estadísticas que se adujeron en su momento eran ciertas, y si era realmente necesario este ajuste al Código Penal de la forma como se hizo. Ello para no poner argumentos adicionales en donde se expresa que la Corte fue más lejos que lo que señalaba la Constitución y se tomó atribuciones de cuerpo legislativo, sin el respaldo político y democrático que se requiere para un ajuste de semejante dirección. Por eso no es extraño que algunos legisladores se pregunten ahora si es necesario continuar en la dirección que propusieron “algunos” magistrados.
Se argumenta ahora que los derechos de las mayorías tienen un límite cuando arrancan los derechos de las minorías. Lo peculiar es que este argumento se esgrime para defender la despenalización, cuando es evidente que si realmente primaran los derechos de las minorías más indefensas, valdría la pena argumentar lo contrario y en defensa del débil ser humano que se encuentra en el vientre de su madre.
De igual forma ahora se enjuicia y entutela a un funcionario público por defender posiciones públicas. Resulta que ahora es válido que las convicciones se expresen de un lado y no desde la orilla distinta. Hace algunos años era válido que jueces o funcionarios públicos en sus decisiones argumentaran con sus convicciones e ideologías a favor de la despenalización y hoy ya no es válido argumentar en contrario. Lo anterior para no sumar el hecho de que los médicos u hospitales no pueden expresar sus convicciones.
Los funcionarios en ejercicio de su función pública naturalmente tienen convicciones que expresan tácitamente en las políticas, por eso es risible que a través de tutelas se coarte la libertad de expresión. Algunos, por ejemplo, defienden la apertura económica y otros no. No podemos en una democracia impedir que las ideas se transformen en política pública. Mucho más cuando los funcionarios han sido elegidos en justas democráticas.
REVISTA SEMANA
SE FRUSTRÓ ÚLTIMO DEBATE DE LA LEY DE VÍCTIMAS, ¿OPERACIÓN TORTUGA?
En la plenaria del Senado habían 71 senadores y de pronto solo quedaron 36
Más del 60 por ciento de los senadores se ausentaron de la plenaria, por lo que la discusión se aplazó una semana. Tampoco estaban los ministros del Interior y de Agricultura. Aunque la plenaria del Senado se instaló con la presencia de 76 senadores, en menos de dos horas la mayoría desapareció del recinto. Así se frustró la discusión del proyecto de ley de víctimas, que estaba programada este miércoles.
Tan solo 45 senadores permanecieron en el recinto. La falta de quórum (la ley necesita la aprobación de por lo menos 51 senadores) hizo que el “proyecto bandera” del gobierno de Juan Manuel Santos sufriera un inesperado traspié. El último debate tuvo que ser aplazado una semana más.
Desde cuando se instaló la plenaria se advertía que el debate no sería fácil para el Gobierno y los ponentes; 19 parlamentarios decidieron declararse impedidos para discutir la ley con el argumento de que fueron víctimas directas del conflicto, o tienen familiares en primer grado de consanguinidad, o parentesco con personas que se pueden beneficiar de la ley.
El senador Juan Fernando Cristo tuvo que exponer los argumentos de un concepto del Consejo de Estado en el que advertía que la ley de víctimas era de interés general y ningún congresista estaba incurso en conflicto de interés.
Con ese argumento, la plenaria negó dos de los 19 impedimentos a pupitrazo, pero el senador José David Name, del partido de la U, exigió que los impedimentos tuvieran votación nominal y pública.
Por esa petición -que para muchos fue una maniobra para dilatar el debate-, el presidente del Senado, Armando Benedetti -también de La U- se percató que solo 36 de 101 senadores permanecían en el debate. Por eso tomó la decisión de levantar la sesión.
De inmediato, Benedetti le endilgó la responsabilidad al Gobierno. Los ministros de Interior, Germán Vargas Lleras, y de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no habían asistido al debate. La ausencia fue recriminada por el presidente del Senado.
“Llevo dos horas sesionando. Los ministros, que son los que lideran los proyectos de ley, no vienen. Este proyecto fue radicado por el propio Juan Manuel Santos, pero los empleados de él no vienen a defenderlo”.
Vargas Lleras, quien estaba en la conciliación del estatuto anticorrupción, rechazó la sindicación del presidente del Congreso. “Yo estoy atendiendo cuatro citaciones. No tengo el don de la ubicuidad. También tengo que estar en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero la responsabilidad del Congreso y de la plenaria es avanzar en la discusión de esos temas”, dijo.
Juan Fernando Cristo, ponente de la ley por el Partido Liberal, y Roy Barreras, de La U, por el contrario, cuestionaron lo que llamaron la “irresponsabilidad” del Senado.
Barreras dijo que el ausentismo es una falta de respeto al trabajo de los ponentes que llevan más de dos meses concertando el proyecto.
Pero Cristo esgrimió un argumento que alimenta la “teoría de la conspiración” contra este proyecto. “Pareciera que hubiera una ‘operación tortuga’, no sé si contra la ley de víctimas o contra el Gobierno, o contra ambas, por parte de sectores de la propia coalición”, dijo.
El senador liberal calificó de “lamentable” la ausencia de los ministros, pero anotó que eso no justifica la falta de asistencia de los senadores. “No se puede volver a las épocas en que los ministros atajaban parlamentarios en las puertas del recinto”.
RCN RADIO
DENUNCIAN INCREMENTO DE TUTELAS CONTRA EPS POR NEGACIÓN DE SERVICIOS
Tras el destape del escándalo de corrupción que desangra al sector de la salud hace dos semanas y media, organizaciones civiles denunciaron que las EPS empezaron a negar servicios a sus afiliados.
El presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia RASA, Gustavo Adolfo Campillo, aseguró que esa situación obedece a la alternativa de los aseguradores de contener sus gastos.
“Después de la evidencia de la corrupción en el sistema, es el incremento de la negación de servicios en salud. Parece que la alternativa económica que les queda a los aseguradores es contener el gasto para generar el beneficio económico”, aseguró Campillo Orozco.
Esta situación genera un incremento del número de acciones de tutela, ya que se constituyen en el único mecanismo de los usuarios para acceder a beneficios.
“En nuestra fundación hemos incrementado el número de tutela que era de 15 a 60 semanales. La semana anterior lanzamos la plataforma www.siamisderechos.org, la cual ya tiene 106 casos abiertos de vulneración de derechos de acceso a la salud”, agregó.
Se trata en general de todas las EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, en todas las zonas del país, que niegan servicios no POS e incluso los que están incluidos en el plan de beneficios.